El 28 de Junio de 1966 un golpe militar terminaba con el gobierno del presidente Arturo Illia. Ese infausto día no sólo se ponía fin a un gobierno ejemplar, sino que era la antesala de una serie de tragedias que el país viviría en lo sucesivo.
Naturalmente esos militares insurrectos no actuaban solos, eran el brazo armado de grupos de poder económico que veían afectados sus intereses monopólicos por las decisiones de un gobierno que trabajaba sólo en función de los intereses nacionales.
En los años del gobierno de Illia, entre otras cosas que generaron enemigos irreconciliables, se dieron de baja contratos petroleros que afectaban nuestra autonomía energética y se sancionó una ley de medicamentos que garantizaba el acceso a toda la población de medicinas a precios accesibles, cosa que los grandes laboratorios vieron como inaceptable.
Esto ocurría mientras en el país se vivía, cosa rara por aquello años, una absoluta libertad de prensa, las expresiones culturales encontraron un respaldo del estado inédito y en la universidad se aplicó por última vez hasta 1983 los institutos de la reforma, mientras la ciencia vivía un momento de esplendor que acabaría en “la noche de los bastones largos”.
Esos infaustos hechos son lo que recordamos hoy.
Desde 1958 las universidades nacionales se habían normalizado para darse su propio gobierno bajo los institutos de la reforma Universitaria de 1918.
Fueron años excepcionales donde se conjugó la academia con el desarrollo científico, cuestión que le permitió al país contar con un proyecto de desarrollo tecnológico propio.
Esa política no era bien vista por las empresas transnacionales que fomentaron el golpe, las que necesitaban países dependientes tecnológicamente que consumieran sus productos terminados mientras sólo nos dedicáramos a exportar materias primas.
Para romper con ese modelo dependiente estaba trabajando un gran grupo de científicos en la UBA y otras universidades, pretendiendo desarrollar nuestro propio cuerpo científico y tecnológico.
Sólo en la UBA en esos años se llevaron adelante proyectos como la editorial Eudeba, con libros a precios populares; impulsó la extensión universitaria, con el proyecto de la Isla Maciel; la creación de la Ciudad Universitaria, el Instituto de Cálculo, la incorporación de la computadora «Clementina», la primera de América Latina, el curso de ingreso por circuito cerrado de televisión y un proyecto de universidad crítica, reflexiva y donde la investigación fue parte esencial de la actividad de los docentes con dedicación exclusiva.
Naturalmente los docentes e investigadores tomaron clara dimensión de la tragedia que se imponía al país desde el 28 de junio, por lo que las autoridades del rectorado de la UBA ese mismo día realizaron «un llamado a los claustros universitarios en el sentido de que se siga defendiendo como hasta ahora la Autonomía Universitaria (…) y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la Democracia».
Al mismo tiempo más de 240 docentes de la Facultad de Ciencias Exactas firmaron una declaración donde manifiestan su «irrevocable decisión de no reconocer otras autoridades de Facultad y de la Universidad de Buenos Aires, que las que legítimamente emanan del cumplimiento del Estatuto Universitario, así como de las leyes y de la Constitución Nacional», y donde se comprometían a «retirar toda colaboración a las personas que ilegítimamente se arroguen tal autoridad en la Universidad, haciendo abandono definitivo de nuestras tareas docentes y de investigación en la Facultad».
A la dictadura poco le importaba la opinión de los académicos, sólo querían verlos lejos de los claustros y laboratorios, por lo que le 29 de Julio sancionó la Ley N° 16.912 de intervención de las universidades.
Para resistir esa decisión, autoridades, docentes y estudiantes resuelven quedarse en las casas de altos estudios. Donde más académicos trabajaban era en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y ahí se refugiaron con el Decano Rolando García y su vice Manuel Sadoski a la cabeza. A la madrugada (al igual que en las Facultades de Arquitectura y Filosofía) la policía federal ingresa y golpeando al mismo decano desata una represión salvaje, (de ahí lo de los bastones largos) que lleva a muchos estudiantes a pasar largos meses en la cárcel y a la renuncia y exilio de cientos de académicos. Fue un golpe a la investigación argentina de la que nunca nos hemos recuperado.
En total emigraron 301 profesores universitarios; de ellos 215 eran científicos que se insertaron en universidades latinoamericanas, de Estados Unidos y Europa.
En algunos casos equipos completos fueron desmantelados. Es lo que sucedió con la mencionada Clementina, la primera computadora latinoamericana. Renunciaron y emigraron los 70 miembros del Instituto de Cálculo de Ciencias Exactas, donde era operada. Lo mismo sucedió con el Instituto de Radiación Cósmica, que fue desmantelado.
Las Universidades Nacionales debieron esperar a la recuperación de la democracia en 1983, para que con un nuevo gobierno radical, con Alfonsín en la Presidencia y Sadoski al frente de Ciencia y Tecnología, fueran normalizadas y vueltas al régimen de autonomía reformista. Pero aún haciendo grandes esfuerzos la pérdida de tanta experiencia científica en un momento en que el país en algunas áreas no estaba lejos de alcanzar una real autonomía tecnológica, fue tan enorme que aun hoy pagamos las consecuencias de ese gobierno criminal y entreguista.
La “noche de los bastones largos” es una mancha en nuestra vida política y social que debe recordarse por siempre, para que no olvidar que los golpes militares iban por mucho más que el manejo del gobierno central, iban a garantizar la construcción de un país chiquito y dependiente de sus patrones.
